Antecedentes








La figura del Curador Urbano nace como una de las formulas que se avizoraron a mediados de la década de los noventas para combatir la corrupción en la administración pública. En efecto, en el año 1995 el Congreso de la República con mayoría absoluta de las dos cámaras, expide la ley 190, la cual, en su artículo 83, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 10, del de la Constitución Política, revistió al Presidente Ernesto Samper Pizano de precisas facultades extraordinarias para que expidiera normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la Administración Pública. Actuando de acuerdo a las disposiciones del legislador, el primer mandatario expidió el decreto 2150 de 1995, más conocido como “norma antitramites”, en el cual se suprimieron varios tramites a los que estaban expuestos los ciudadanos en su diario devenir.

Las oficinas de Planeación municipal del país no eran las excepciones en ese proceso de inmoralidad e ineficiencia pública. A estas dependencias se les criticaba por descuidar su principal función, que como su nombre lo indica era de planear, visionar y coordinar funciones dentro de la administración local para desarrollar los proyectos prioritarios para el municipio, quedando convertidas en unas oficinas como popularmente se les llamaba de “hilos y niveles”, llenas de burocracia que no hacían otra cosa que enredar los tramites de los ciudadanos y por ende atrasaban el desarrollo de la municipalidad. De allí que una de las actuaciones estipuladas por el ejecutivo en dicho decreto fue la de crear la figura del Curador Urbano (para los municipios y distritos con población superior a 100 mil habitantes), ejercida por un particular investido de funciones públicas para la verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigente, a través del otorgamiento de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de construcción. Hoy por lo tanto, las oficinas de planeación se dedican a temas tan vitales para la ciudad como es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Esta figura, no es nueva en nuestro país pues ya existía con los notarios quienes ejercen la función fedante y en las Cámaras de Comercio con el registro mercantil. Los artículos 210 y 365 de nuestra Constitución Política, establece que los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que estipule la ley, reservándose el derecho el Estado de mantener la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

En forma paralela al decreto 2150, se discutía en el Congreso, el proyecto de ley de ordenamiento territorial, hoy ley 388 de 1997, conocida como “ley de reforma urbana”, el cual profundizo sobre temas como los Planes de Ordenamiento Territorial; la clasificación del suelo; las actuaciones urbanísticas; la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria, expropiación judicial y por vía administrativa; participación en la plusvalía; y licencias urbanísticas entre otros. Actualmente, a diferencia del comienzo de la figura de las Curadurías, que aunque es susceptible de mejoras, existe un marco legal y jurídico que le da un marco.

Curaduria